Comunicado de prensa SGAE: El Tribunal Supremo de España rechaza la petición de indemnizar a las entidades de gestión por el canon digital
- Como consecuencia de la sentencia, este país se mantiene en situación de ilegalidad en la Unión Europa
- La sentencia exige la inmediata corrección de la situación legal de la compensación equitativa por copia privada
El Tribunal Supremo de España ha desestimado la petición de autores, artistas, editores y productores de ser resarcidos económicamente por el perjuicio causado en 2012 por el modelo de copia privada con cargo a los Presupuestos Generales. Pese a reconocer que dicha medida incumple el derecho comunitario, el organismo considera que no se reúnen las características necesarias desde el punto de vista jurídico para que el Estado deba responder patrimonialmente ante los titulares de derechos.
Siete de las ocho entidades de gestión que hay en España -concretamente, Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión de España (AISGE), Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AIE), Asociación de Gestión de Derechos Audiovisuales (AGEDI), Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA), Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), y Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP)- interpusieron el recurso contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de octubre de 2013, que rechazó la responsabilidad patrimonial del Estado por el cambio en la gestión del canon digital regulado en la Disposición adicional décima del Real Decreto-Ley 20/2011. En su solicitud, pedían una compensación económica valorada en 120.886.113 de euros más los intereses legales.
El modelo anterior de copia privada fue declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el 9 de junio de 2016 y anulado en su totalidad por el Tribunal Supremo de España el 10 noviembre de 2016. La sentencia exige la inmediata corrección de la situación legal de la compensación equitativa por copia privada.
Para la SGAE y el resto de entidades afectadas por la sentencia, “es incomprensible que un Gobierno plenamente comprometido con Europa y el cumplimiento de sus tratados, mantenga a España en una situación de ilegalidad en la Unión Europea; pues la excepción de copia privada sigue vigente pese a que no existe un sistema de compensación equitativa, tal como exige la Directiva”. Por ese motivo, se están estudiando todas las posibilidades jurídicas posibles.